Los alcaldes, cuya jurisdicción territorial se encuentra en las zonas fronterizas, se oponen a que el Gobierno de la República les disminuya los recursos provenientes del impuesto de entrada y salida de personas o mercancías creados a partir de la Ley 9154, puesto que afectarían una serie de inversiones sociales y de infraestructura de estos cantones que de paso son los de menor índice de desarrollo social del país.
Con el expediente 20.012, “Aprobación del contrato de préstamo N.° 3488/ suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza” el Ministerio de Comercio Exterior busca saldar el pago de ese empréstito utilizando los recursos que actualmente se les transfieren a estos gobiernos locales, provocando un desfinanciamiento de sus presupuestos.
Para el alcalde de Los Chiles, Jacobo Guillén la oposición a este proyecto no pasa por el fondo de mejorar la infraestructura de los puestos fronterizos, puesto que reconoció que es una deuda histórica del país.
Sin embargo, sí criticó la forma de pagar esa deuda lo que provocaría prácticamente ponerle un candado a estas municipalidades.
“A nivel del Concejo Municipal y mi persona como alcalde no estamos dispuestos a ceder ese impuesto, queremos ver otras propuestas donde la Municipalidad pueda proponer un proyecto de impacto para el desarrollo de nuestro cantón”, dijo Guillén.
Por su parte, Junnier Salazar, alcalde de La Cruz señaló que su Municipio dejaría de percibir alrededor de ₡ 1,400 millones sí se aprobara dicho empréstito.
“El proyecto, así como está planteado nos perjudica enormemente; tenemos aproximadamente ₡1,400 millones que serían los que nuestra municipalidad dejaría de percibir, por lo tanto, el perjuicio es bastante alto por cuanto un 60% del programa de gobierno está basado en estos dineros”, afirmó Salazar.
La oposición es mantenida por las alcaldías de La Cruz, Los Chiles, Talamanca, Corredores y Coto Brus.